La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que envió una carta al rey Carlos III del Reino Unido para solicitar la liberación de las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra, con el propósito de destinarlas a la atención de la emergencia causada por los recientes terremotos que, según las autoridades, han dejado al menos 3,811 fallecidos.
Durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que esos recursos pertenecen al pueblo venezolano y sostuvo que deben ser utilizados para atender las consecuencias de la tragedia y apoyar las labores de recuperación del país.
La funcionaria también reiteró su llamado a que se eliminen las sanciones impuestas a Venezuela y se desbloqueen los activos del Estado en el exterior. A su juicio, esos fondos son necesarios para impulsar la reconstrucción, así como los programas relacionados con el empleo, el trabajo y la educación.
Asimismo, señaló que sostuvo una conversación telefónica con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que planteó la necesidad de liberar recursos pertenecientes a Venezuela que permanecen bloqueados en ese organismo. Rodríguez aseguró que el país cuenta con los medios financieros para afrontar su recuperación si tiene acceso a esos activos.
Aunque Estados Unidos ha flexibilizado recientemente algunas sanciones, continúan congelados varios bienes del Estado venezolano en el extranjero, entre ellos reservas de oro valoradas en alrededor de 2,000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra, así como activos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en territorio estadounidense.
Por su parte, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, expresó a EFE que las sanciones deberían flexibilizarse para evitar que obstaculicen la llegada de ayuda y los esfuerzos de recuperación tras los terremotos. Durante su visita a la región de La Guaira, una de las más afectadas, advirtió que el impacto del desastre agravará la situación económica del país y podría reducir significativamente el producto interno bruto (PIB).
En respaldo a esa posición, un grupo de 113 economistas y académicos solicitó al Gobierno de Estados Unidos revisar el régimen de sanciones y pidió al Fondo Monetario Internacional facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos de financiamiento internacional para enfrentar la emergencia.
